Aguascalientes registra una tasa de 288.3 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar por cada 100 mil habitantes, lo que representa más del doble de la media nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La violencia familiar se mantiene como una de las problemáticas principales dentro de los hogares de Aguascalientes, pues según los datos del informe más reciente de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la entidad se ubica en el cuarto lugar nacional en llamadas de emergencia por reportes de violencia familiar.
De acuerdo a las estadísticas, de enero a marzo del presente año, Aguascalientes registra una tasa de 288.3 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar por cada 100 mil habitantes, lo que representa más del doble de la media nacional, que es de 101 llamadas de emergencia.
Sólo por encima de Aguascalientes se colocan los estados de Sonora (336.6 llamadas), Colima (316.8 llamadas) y Quintana Roo (292.6 llamadas).
Por el contrario, las entidades con las menores tasas de llamadas de emergencia por este concepto son: Estado de México (9.3), Michoacán (26.0), Tlaxcala (28.7), Tabasco (29.2) y Yucatán (34.0).
En el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, se define a la violencia familiar como “el hecho o la acción que incorpora todas aquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario realiza en forme reiterada y continua, actos de violencia física, verbal, moral o psicológica en contra de algún miembro de su familia”.
Por su parte, el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, es entendida como “el uso de la fuerza física o moral en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma y que ello le cause afectación en su integración física o psíquica”.
Las sanciones contempladas para este tipo penal son de 1 a 4 años de prisión, así como de 50 a 100 días multa, el pago de la reparación del daño y perjuicios ocasionados, la privación de los derechos de familia del agresor respecto a la víctima, así como la prohibición de acudir al domicilio de la víctima, o acercarse a ella.
Cabe destacar que, según las estadísticas del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir del año 2019 el número de denuncias por violencia familiar presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) es superior a 2 mil por año.
