Señalan que es por negligencia de comerciantes y omisión de autoridades lo que ha provocado el incremento
Preocupante la incidencia de quemaduras que se vive en Aguascalientes, y es que en los último dos años, la entidad pasó del sexto al segundo lugar nacional, esto por tasa poblacional; aseguran que en la mayoría de los casos se debe a la negligencia de comerciantes, así como a la omisión de las autoridades.
De acuerdo a datos del Centro de Prevención de Quemaduras de Aguascalientes en el Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes, en la mayoría de los casos de explosiones e incendios se ven involucradas instalaciones de gas.
Por su parte, el representante de productores de Masa y Tortilla en Aguascalientes, responsabiliza a las autoridades por no implementar los protocolos de seguridad en establecimientos donde se hace uso de gas, como en el caso de la tortillería ubicada en Jesús María donde el pasado mes de septiembre murieron dos personas y diez más resultaron heridas por la explosión de un tanque de gas.
“En el caso donde se dio la explosión la persona que es propietaria de este negocio estaba vendiendo la tortilla a 13 pesos cuando se supone que los costos de producción no nos permiten dar por debajo de ese precio si no que tenemos que andar por lo menos en 20”, dijo que el precio se debe a que el comerciante no tenía asegurados a sus trabajadores, entre otras omisiones.
Acusan un descontrol en el padrón de establecimientos de riesgos, para lo cual consideran debería contarse con un atlas actualizado de los negocios que utilizan estos materiales, y es que actualmente aseguran que de las aproximadamente 600 tortillerías que existen en el municipio capital, solamente 180 pagan licencia municipal.
Asimismo, condenan la omisión por parte de las autoridades en el cumplimiento de la Norma 013 que obliga a todos los comerciantes que utilizan gas LP, a hacer un peritaje antes de abrir el negocio y posteriormente a contar con el aval de Protección Civil., lo cual no sucede en la mayoría de los establecimientos, aseguran.
Finalmente, el llamado es a los tres niveles de gobierno, para crear e implementar políticas públicas y generar entornos seguros.
