La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado ha decidido no aprobar variantes del Derecho de Alumbrado Público (DAP) para el ejercicio fiscal de 2024. Esta decisión tiene un impacto significativo para los municipios, cuyos ingresos por este concepto varían desde 1.3 millones hasta 180 millones de pesos, según informó el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada.
El diputado explicó que la decisión se debe a un fallo de la Suprema Corte de Justicia del 23 de septiembre, que prohíbe al Congreso legislar sobre el DAP y declara inconstitucionales ciertas prácticas municipales relacionadas con este tema.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene autoridad para adoptar medidas extremas, incluida la destitución de miembros del Congreso del Estado, en caso de incumplimiento de sus resoluciones, indicó el diputado.
Además, señaló que la Suprema Corte instruyó no modificar el nombre del DAP ni buscar alternativas semejantes, enfatizando la inmutabilidad de esta disposición. Ante esto, los municipios enfrentan un dilema significativo debido a la necesidad de recursos, a pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad.
El diputado y exalcalde mencionó que se organizará una reunión con los presidentes municipales para determinar acciones conjuntas. Resaltó que el Congreso, respetando la autonomía municipal, sólo valida y previene abusos en la formulación de leyes de ingresos, siendo los cabildos los responsables de su aprobación.
Escobedo Tejada subrayó la importancia de la solidaridad estatal hacia los municipios, mostrando ejemplos del impacto financiero del DAP, que varía considerablemente entre municipios de distintos tamaños.
Frente a la restricción de la Suprema Corte de explorar alternativas al DAP, incluyendo cambios de nombre, se discute cómo abordar la situación. La relevancia de estas deliberaciones se acentúa por la proximidad del 14 de diciembre, fecha límite para aprobar las leyes de ingresos antes de finalizar el año fiscal.
