- Agresiones físicas a periodistas son calladas por miedo a arriesgarse a hacerlas públicas
- Ha habido ataques y hackeos a portales digitales, es considerado un delito contra la libertad de expresión
- Aguascalientes no cuenta aún con una ley que proteja a periodistas y activistas sociales, iniciativa está congelada
En México, el periodismo es una actividad de alto riesgo en especial cuando se trata de crimen organizado, seguridad pública y problemáticas sociales, según señalan varios organismos y expertos en la materia.
La gran mayoría de los periodistas consideran que las leyes que los protegen no funcionan adecuadamente debido a que en su implementación hay problemas burocráticos y problemas de financiamiento. Como prueba está que el 99.3% de los casos de asesinatos a periodistas no son investigados de manera imparcial y objetiva.
En Aguascalientes lo que ocurre es una violencia de baja intensidad, consideró el doctor Salvador de León Vázquez, profesor investigador en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).
“Aunque no hay agresiones directas que sufren los periodistas en un número tan grande como lo vemos en otras entidades, aquí la forma de violencia que sufren los periodistas es una violencia simbólica que tiene que ver con la precarización del trabajo periodístico, generando una violencia estructural”, dijo el docente.
A pesar de que se ha presentado poco las agresiones físicas a periodistas en el estado, el investigador no duda de que estas ocurran y no sean denunciadas, ya que los periodistas evitan arriesgarse al hacerlo público: “He sabido de casos que reciben amenazas anónimas, donde les han hackeado los portales digitales, lo cual también es considerado un delito contra la libertad de expresión”.
Los periodistas y activistas sociales cuentan con una ley federal para la protección de su trabajo y derechos y solo 18 de las 32 entidades cuenta con leyes estatales, Aguascalientes no es uno de ellos.
En el Congreso del Estado se tiene una iniciativa pendiente presentada por la diputada Aida Karina Banda Iglesias para emitir la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Aguascalientes, de la que no ha tenido seguimiento legislativo.
Salvador de León opinó que en esta ley se deben de considerar las agresiones físicas, las relacionadas a medios digitales y a presiones hechas por patrones y autoridades, no solo de funcionarios públicos, si no también por parte de policías municipales ya que son los que más agreden a los periodistas.
El profesor investigador resaltó que cada vez el trabajo periodístico es menos reconocido, más mal pagado y mal percibido por la ciudadanía ya que se asocia con una cercanía con los políticos y a la corrupción, esto provoca que sea peligroso su trabajo pues corren el riesgo de ser agredidos en el espacio público.
FUENTE: La Jornada Aguascalientes
