El próximo 28 de junio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en relación a la despenalización del aborto en el estado de Aguascalientes.
El debate se centrará en determinar si los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal del Estado, que regulan la penalización del aborto, son inconstitucionales. Además, el proyecto contempla la liberación de mujeres encarceladas por esta acción.
Los artículos señalados castigan con uno a tres años de prisión a la mujer que aborta intencionalmente, así como al personal médico u otras personas que intervengan en el proceso.
En caso de que esta propuesta prospere, podría abrir la puerta para que activistas busquen sentencias similares en otros estados, sin esperar a que los congresos locales legislen sobre el tema.
Así, Aguascalientes sería la segunda entidad en la que se elimina la sanción penal respecto a la interrupción del embarazo en las primeras doce semanas, después de Coahuila.
Ante el tema, el diputado perredista, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, comentó que el Legislativo tendrá que esperar a lo que se resuelva desde la Suprema Corte, especialmente en el nivel de obligatoriedad que la determinación tenga sobre Aguascalientes.
“Habrá que ver cómo resuelve la SCJN estos términos para ver el nivel de obligatoriedad que le va a exigir al Congreso del Estado para que legisle en torno al tema y elimine esos artículos que están instalados en el Código Penal y que hablan precisamente del delito del aborto”.
Consideró que, si el proyecto avanza dentro de la Corte, el Congreso del Estado no tendría margen de interpretación y, por ende, tendría que ser acatado por la entidad. Incluso, no descartó la posibilidad de la inhabilitación de aquellos legisladores que opten por un camino contrario al de la SCJN.
“Yo creo que no hay nadie que esté a favor del aborto, pero también se contrapone con el tema de las libertades, sobre todo con las libertades de las mujeres”, indicó.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a mayo del presente año, se suman 7 carpetas de investigación por el delito de aborto en Aguascalientes.
El 2022 cerró con un total de 13 denuncias por el mismo hecho.
Es así que desde el 2015 y hasta el corte más reciente, el estado de Aguascalientes ha tenido 72 carpetas de investigación por casos relacionados con la interrupción del embarazo.
Por otra parte, las estadísticas del Gobierno de la Ciudad de México apuntan que desde 2007 y hasta mayo del 2023, se han atendido a 155 pacientes originarias de Aguascalientes que recibieron atención médica para tener un aborto de manera legal.
