La noche del domingo 24 de septiembre, en el albergue “Casa Hogar del Amor de Dios”, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Aguascalientes, se fraguó una fuga.
Quince niñas, niños y adolescentes -entre ellas una niña de 9 años- planearon escapar de ese lugar al norte de la capital del estado. Diez de ellas lograron escabullirse entre la noche de ese domingo y la madrugada del lunes. De éstas, cuatro estuvieron en huida hasta el miércoles 27. Una de las jóvenes que escapó fue hallada a más de 13 kilómetros del albergue.
Huyeron porque en la casa hogar del DIF les daban comida en mal estado, había mala higiene y no les permitían comunicarse con sus familias durante meses, según declararon en la Fiscalía General del Estado, a donde las llevó la policía ministerial cuando las encontró.
En respuesta, funcionarios del DIF las llevaron a un centro de rehabilitación de adicciones y pidieron al encargado que las mantuviera ahí.
No fue la primera vez que el DIF hacía algo así, y haciéndolo contravino una observación relevante que emitió en 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos, exhortándoles a “abstenerse de remitir a menores de edad a centros de rehabilitación para enfermos de alcoholismo y drogadicción cuando los menores no tienen esos problemas”. Las observaciones relevantes son llamados de atención de malas actuaciones administrativas.
En abril de ese año, la Comisión encontró a ocho adolescentes enviadas a un centro de rehabilitación por la Procuraduría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, perteneciente al DIF. Dos de ellas no tenían ningún historial de consumir algún tipo de droga, “señalando que el motivo de su estancia en el centro obedece a cuestiones de conducta”.
También en 2021, el DIF dejó en ese mismo lugar a un niño de 11 años con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, confirmó Quinto Elemento Lab.
En cada ocasión, el DIF recurrió a alguna de las tres sucursales que hay en Aguascalientes del Centro de Recuperación y Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción Zona Uno A.C. (CRREAD), una organización con centros de rehabilitación en 14 estados que, según su sitio web, atiende en un año a 5 mil personas y presume colaborar con el DIF.
Aguascalientes no es el único estado en donde el DIF ha dejado a menores de edad en centros de rehabilitación, también conocidos como anexos, en donde viven entre adultos que atraviesan el agónico proceso de desintoxicación. Por lo regular, los adultos están ahí contra su voluntad, no tienen autorizado salir y viven en condiciones de gran precariedad.
Una investigación de Quinto Elemento Lab publicada en agosto reveló que, al menos desde 2009, eso sucede también en Morelos, Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Colima, San Luis Potosí, Tabasco y el Estado de México. La presencia de niñas, niños y adolescentes en espacios como estos contraviene leyes nacionales y tratados internacionales.
Jonatan Jesús García Valdivia, unex policía estatal rehabilitado del consumo de cristal que desde hace siete años está al frente del anexo al que llegaron las niñas fugadas del DIF, dijo que desde 2019 llegan cada mes no sólo personas llevadas por el DIF. También llegan niños y adolescentes que fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado consumiendo o vendiendo algún tipo de droga.
Hasta el martes 3 de octubre, García Valdivia aseguró tener bajo su resguardo a 21 niñas, niños y adolescentes llevados por el DIF o la fiscalía: 17 varones y cuatro mujeres. La más joven se llama Tania, tiene 14 años y fue dejada por el DIF en ese centro cuando tenía 12, informó García Valdivia.
“Pidiendo permiso al DIF puede venir mi familia a visitarme, pero mi tutora del DIF nunca me llama”, dijo Tania hace unos días mientras pintaba un muro del CRREAD. “A veces se tardan tres o cuatro meses en llamarme. Yo estoy saliendo adelante por mí sola”, dijo, acalorada y salpicada de pintura verde.
En el CRREAD estaba también Michelle, una joven entregada al anexo por la policía ministerial unos días atrás, luego de que la detuvieron en posesión de cristal. “Nomás tengo un tío y mi abuela, que es mi tutora. No me dijeron cuánto tiempo estaré aquí”, dijo la joven, que vestía ropa deportiva y sandalias con calcetas. Nos reservamos sus nombres completos para proteger su identidad por tratarse de personas menores de edad.
La sucursal del CRREAD a donde llevaron a las niñas está al pie de una carretera en el fraccionamiento Palomina Dena, una zona periférica al nororiente de la capital. Alrededor del anexo, en proceso de construcción, todas son calles sin pavimentar. “Aquí es como resguardo (del DIF y de la fiscalía). La mayoría tienen una adicción, pero no todos”, dijo García Valdivia.
Jesús Figueroa Ortega, fiscal general en Aguascalientes, aseguró que la fiscalía no tiene acuerdos con centros de rehabilitación para acoger a personas detenidas. “No estoy justificando, pero si en la mecánica de los hechos el DIF nos dice póngamelo a disposición en tal lugar y que elementos de la fiscalía vayan y lo lleven a ese lugar, no fue por una decisión ni por una resolución del Ministerio Público”, declaró.
A decir de García Valdivia, el DIF y la fiscalía dejan a los niños y adolescentes ahí sin que quede registro escrito, un contrato o una contraprestación económica. Todo es de palabra.
En contraste, el Instituto de Servicios de Salud del estado tiene firmados convenios con el CRREAD desde 2019 para el tratamiento de personas y paga 10 mil pesos al mes por tres meses de tratamiento por persona.
Al descubierto
La fuga del 24 de septiembre no fue la primera que se registra en ese albergue del DIF.
Dos niñas de 12 y 14 años escaparon de ahí el 13 de agosto pasado. Las dos fueron encontradas por una persona cuando pedían aventón en una carretera con rumbo a Jalisco: buscaban llegar hasta el municipio de Asientos, colindante con Zacatecas, para pedir ayuda a los familiares de una de ellas. El hombre las entregó a la fiscalía, que se encargó de regresarlas al albergue gestionado por el DIF, de acuerdo con el seguimiento que dio al caso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Ante la fiscalía, las niñas justificaron su escape con las mismas razones que dio el grupo que se fugó después en septiembre. La Comisión abrió la investigación 438/2023 y emitió una medida cautelar para el DIF, que incluye una indagatoria sobre los dichos de las niñas y las deficiencias en la seguridad de la casa hogar que permitieron la fuga.
Algo más que quedó al descubierto con esta fuga fue la falla de la fiscalía en seguir los protocolos de actuación en el caso del extravío o desaparición de menores de edad.
La fiscalía no activó Alertas Ámber en cuanto supo de la fuga de las niñas, niños y adolescentes. Esta es una medida que, de acuerdo con el protocolo de actuación, debe activarse “de manera inmediata, sin dilación alguna” para que las policías y la ciudadanía busquen a las personas no localizadas.
Según el fiscal Figueroa Ortega, no lo hicieron porque el DIF no tenía la información de quiénes eran las personas que se habían fugado. El DIF no entregó fotografías ni información general, como señas particulares y descripción de la vestimenta que llevaban, para elaborar las fichas de búsqueda que debió publicar la fiscalía.
El DIF Aguascalientes no atendió a pedidos de entrevista para esta historia.
El desenlace
Pocas horas después de la fuga, una persona llegó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos con cinco de las niñas que sí lograron alejarse del albergue, y por este caso la dependencia abrió la investigación 513/2023.
Otra niña fue localizada cerca de la carretera que conduce a San Luis Potosí, a más de 13 kilómetros de la casa del DIF.
Fue hasta el martes 26 que la fiscalía activó Alertas Ámber para localizar a las cuatro niñas de entre 12 y 15 años de edad que aún permanecían desaparecidas. Dos de ellas fueron localizadas la madrugada del miércoles 27 y dos más hasta el mediodía.
Conforme las encontraron, fueron llevadas por el DIF al centro de rehabilitación CRREAD.
“Estaban sacadillas de onda porque las trajeron aquí”, contó Alejandro Sánchez, el coordinador de tratamiento del centro. “Hice una dinámica grupal con ellas porque estaban todas cohibidas. Les pregunté sus nombres y si consumían algo. Sí había algunas (que consumían), pero no todas. Eran varias, bastantes”, dijo sentado en una de las oficinas del anexo. Afuera, una serie de jóvenes estaban pintando de verde y azul las paredes.
La fiscalía abrió diez carpetas de investigación por las quejas de las adolescentes. Sin embargo, las posibilidades de que haya sanciones son casi mínimas.
“Abrimos las investigaciones porque teníamos la obligación”, dijo en entrevista el fiscal Figueroa Ortega. “La verdad es que en la gran mayoría no tenemos, pues, ¿cómo te diré? mucho que investigar, porque más bien se refieren a hechos que no son delictivos. Esto de que les dan comida en mal estado no da para un delito, golpes no dijeron recibir. Nosotros estamos pensando en que los niños sí nos están diciendo la verdad, porque luego esa edad es la más fantasiosa o más mentirosilla, y además por la calidad de niños, muchos de ellos están institucionalizados”, dijo, abriendo la posibilidad de duda frente al testimonio de los menores.
De acuerdo con el fiscal general, la cadena de responsabilidades al interior del DIF no es un asunto que las autoridades ministeriales estén indagando. Tampoco el hecho de que las personas menores de edad hayan sido llevadas a un anexo.
El 29 de septiembre, la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel prometió hacer una gira por las casas albergue del DIF. El 6 de octubre el titular de la Consejería Jurídica estatal, Eduardo Aguilar, dijo en el noticiero local de Radio BI que “nunca más niñas o menores entrarán a un anexo”, y aseguró que se fincarán responsabilidades contra quienes las enviaron a ese lugar.
Casi un mes después de los hechos, ninguna persona del DIF estatal ha sido sancionada por lo ocurrido. Pero el centro de rehabilitación CRREAD fue clausurado por el Instituto de Salud el 5 de octubre, presuntamente por operar en condiciones insalubres. Las niñas fugadas del DIF fueron reubicadas.
Hasta el cierre de este texto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no respondió a la solicitud de entrevista para saber qué sucedió con los adultos y las niñas, niños y adolescentes que vivían en el centro de rehabilitación de adicciones, luego de que fue clausurado.
