Dos adolescentes y sus bebés huyeron de un albergue para mujeres el pasado 27 de diciembre y, hasta ahora, permanecen desaparecidas.
De acuerdo con las Alertas Ámber emitidas por la Fiscalía Estatal, las adolescentes desaparecidas son América Valeria Mariscal Torres, de 16 años, y su hija Valentina Mariscal Torres, de 9 meses; también Luz Esmeralda Montañez Gómez, de 15 años, y su hijo Exaed Montañez Gómez, de un mes de nacido.
El nombre del albergue no ha sido revelado por las autoridades estatales. Tampoco han sido públicos los motivos por los que las dos adolescentes huyeron, ni si se abrirá una investigación contra el lugar, gestionado –presuntamente– por religiosas.
Los albergues para niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con las leyes estatales, son autorizados, certificados y deben ser supervisados por el Sistema DIF en la entidad, “a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos” de las infancias y adolescencias.
Sin embargo, desde abril de 2023, de las casas hogar del propio DIF Estatal se han fugado más de una veintena de menores de edad argumentando malos tratos, abusos y falta de condiciones dignas para vivir.
De hecho, a finales de noviembre, Proceso informó sobre una sentencia emitida por el Poder Judicial en la que se revelaron casos de tortura, consumo de sustancias nocivas, malos tratos y abusos sexuales en dos albergues gestionados por el DIF, sistema que se encarga de velar por las infancias vulnerables.
También se reveló que, como castigo, el DIF ha enviado a menores de edad a centros conocidos como anexos y que, a pesar de conocer sobre los abusos en los albergues, las autoridades fueron omisas en proteger a las infancias.
En la sentencia, el Juez Primero de Distrito, Jaime Páez Díaz, resolvió exigir a la gobernadora del estado, la panista Teresa Jiménez Esquivel, a la procuradora de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Luz Rosales, y a la directora general del DIF, Rita Verónica Cruz Medina, “un mayor compromiso en relación con la protección y defensa de las infancias”.
La resolución también obligó a la gobernadora atender de manera integral la problemática en los centros de asistencia social que existen en la entidad, sin que hasta ahora se informe sobre los avances.
Por las múltiples fugas, la Fiscalía estatal abrió una investigación en septiembre, pero no se han deslindado responsabilidades. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, por su parte, no ha emitido ninguna recomendación oficial y la Contraloría Estatal no ha abierto ningún expediente contra funcionarios del DIF a cargo de las infancias que han permanecido en riesgo.
